Por Vicente Gerlach, director ejecutivo de Fundación Trascender.
A comienzos del 2020, en la columna “Tan cerca, tan lejos” señalaba que “el desafío en Chile y el mundo es aumentar la participación ciudadana. Debemos buscar nuevos caminos para transitar desde la democracia representativa hacia una más participativa, donde los espacios de interacción ciudadano-políticos sean mucho más amplios y diversos que los actuales. Las ganas están, lo que falta son los espacios”.
Hoy, casi tres años después, nos vemos enfrentados a un momento histórico de decisión en el que tenemos la posibilidad de conversar, dialogar y decidir sobre las reglas políticas del país. Corresponde, entonces, preguntarnos si la propuesta de nueva Constitución permite avanzar hacia una democracia que fortalezca los mecanismos de participación ciudadana, o no.
La actual Constitución Política de Chile menciona los conceptos de “participación ciudadana” y “participación popular” en dos ocasiones, mientras que en el nuevo texto se les hace referencia 20 veces.
¿Por qué son relevantes esas menciones?
En primer lugar, se considera a las comunidades como instancias conocedoras de sus propias realidades, por lo que se les entrega la oportunidad de opinar sobre lo que les afecta directamente.
Podemos encontrar algunos ejemplos de ello en el artículo 42, que otorga a las comunidades educativas el derecho de participación vinculante en las decisiones de los establecimientos educativos, o en el artículo 52-5, que garantiza la participación de las comunidades en los procesos de planificación territorial y políticas habitacionales.
En segundo lugar, se le otorga a la sociedad civil un posicionamiento más certero sobre su quehacer en la sociedad actual.
La Constitución del 80 menciona seis veces “sociedad civil” y todas ellas hacen referencia al proceso de elecciones, en específico, al financiamiento, publicidad y propaganda en las votaciones electorales. En la propuesta se nombra la misma cantidad de veces. Pero esas referencias son respecto de, por mencionar algunos ejemplos, el rol que jugarán las organizaciones de la sociedad civil para aportar en la definición de la Defensoría del Pueblo (125-1) o la Defensoría de la Naturaleza (150), integrar los consejos de las cuencas (143-3) y su rol respecto de la información y educación sobre participación ciudadana (164-5).
La propuesta avanza en el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como centros de conocimiento y experiencia acumulada. Aun así, se queda corta en el desafío de relevar a estas instituciones como un actor clave en la conexión de la política con el territorio. Se podría haber avanzado más en la lógica de un tercer sector robusto, activo y empoderado, distanciándose más de la ya gastada mirada dicotómica entre Estado y empresa privada.
En tercer lugar, están los mecanismos de democracia directa. La propuesta contempla al menos cuatro posibilidades en que la ciudadanía puede ejercer su derecho a participar en temas legislativos con el solo hecho de organizarse. Los artículos 157 y 158 dan la posibilidad de cambiar o derogar leyes. El 385 incluso da la posibilidad para que la ciudadanía proponga reformas constitucionales y, en el extremo, el 386 nos faculta a invocar un referéndum nacional para reemplazar el texto constitucional.
Los porcentajes de participación para activar estos mecanismos son altos (3%, 5%, 10% y 25% del padrón electoral, respectivamente), lo que le da seriedad. Y, aun cuando la experiencia más cercana que tuvimos no fue del todo positiva (durante la discusión constitucional, se presentaron un total de 77 iniciativas populares de norma, de las cuales sólo tres llegaron al texto final), lo importante para la democracia es que estos mecanismos de participación directa tendrían el peso de un derecho constitucional.
Aun cuando no pretendo hacer un análisis de la propuesta de Constitución en su totalidad, me atrevo a decir que el texto que nos proponen sí ofrece mecanismos de participación popular más robustos, lo que nos acerca a una mejor democracia. Que sean efectivos, nadie lo sabe. Dependerá, en primer lugar, del resultado del 4 de septiembre y, más importante, de nosotros mismos: los ciudadanos tenemos la responsabilidad de activarnos en la vida política si queremos cambios sustanciales en nuestras vidas.
Claro ejemplo de ello somos las miles de organizaciones de la sociedad civil trabajando por un sinfín de causas que, aún cuando no siempre pensamos igual, llevamos años colaborando, dialogando y trabajando en conjunto. Pues sí hay una cosa que acordamos hace mucho tiempo: nos une un fin, un propósito de sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Solo debemos acordar los caminos para conseguirlo.