Al asumir que estamos viviendo una crisis, el primer paso para superarla es fijarse metas compartidas, con plazos claros y, por sobre todo, realistas. Una vez logrado, como segundo paso, se debe alinear al equipo en torno a esas metas, asignando responsabilidades y haciéndolos partícipes del plan. Ya sea que el equipo en cuestión sea la clase política o Chile entero, es evidente que los pasos anteriores no se están cumpliendo a nivel país. Hace rato que dejamos de tener un proyecto compartido y, mucho peor, la desconexión es tal que las personas no participan en una de las pocas instancias en que se nos permite hacerlo: las elecciones.
Luego de cinco meses de pandemia, nuestros políticos intentan ponerse a la altura de la situación mientras millones de chilenos y chilenas siguen sufriendo para llegar a fin de mes. Más que trabajar en un proyecto país, pareciera ser que la política en Chile se trata de destruir al de enfrente, sin importar la viabilidad o calidad técnica de las propuestas que se presenten. Recién fue la discusión sobre el retiro del 10% de los ahorros previsionales, conversación que hace rato dejó de ser sobre la pandemia (si es que alguna vez lo fue). Semanas atrás fue la negociación para el ingreso familiar de emergencia. Y así, una tras otra, podemos ver cómo el gobierno responde a los embates de uno y otro lado, pero ya no trabaja en un proyecto planificado, no gobierna (los cambios de gabinete son otro signo de lo mismo).
Lamentablemente esta desconexión viene desde hace mucho tiempo. La forma de hacer política ya está contaminada y suena mucho más certero hacer cambios profundos, estructurales, que seguir con los mismos maquillajes de siempre que solo logran esconder los problemas, hasta que nuestra corta y dañada memoria los olviden. Hoy en Chile se han levantado varias iniciativas que buscan generar espacios de diálogo como base para avanzar en un proyecto país, como por ejemplo #TenemosQueHablardeChile y #AhoraNosTocaParticipar. ¡Buen aporte!
Las personas están pidiendo a gritos más espacios de participación ciudadana, ¡pero los de verdad! No esa participación que cada cuatro años nos “permite” (como si tuviéramos que agradecer) elegir a nuestros representantes en el congreso y municipios. Avanzar desde la actual democracia representativa hacia una democracia participativa parece ser una opción que podría destrabar el actual enmarañado político del país, no solo porque promueve que todos seamos activamente partícipes de las propuestas y soluciones, sino que además nos hace responsables. Lo anterior significa repensarnos en el contexto de una sociedad en la que todas y todos tenemos espacios reales para incidir en las propuestas y soluciones a las temáticas sociales.
Debemos generar espacios de participación e incidencia, por pequeños que sean, donde las personas puedan tomar decisiones sobre sus propias vidas en vez de pasársela escribiendo en redes sociales sobre su descontento y cansancio. Entender que el país es de todas y todos y no solo de unos pocos, lo que significa que no podemos seguir tomando decisiones micro sobre realidades macro que no conocemos. Es importante tener un gobierno central que marque la pauta y el proyecto general, además de un Congreso que genere las reglas y el marco regulatorio dentro del que nos podremos mover. Pero falta algo muy relevante: otorgar espacios de toma de decisiones a la gente en la vida diaria.
¿Por qué no dejar al comité vecinal que decida qué hacer en la plazoleta que tienen como espacio común? ¿Qué pasa con los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC)? Existen, están normados y buscan dar espacios de participación efectiva a las personas. ¿Por qué no funcionan como corresponde? Ni siquiera hay que cambiar la ley o hacer una nueva. Es tan simple con empezar a cumplir la ya existente, al menos para empezar.
Podemos encontrar respuestas a estas preguntas en la Ley 20.500 sobre Asociatividad y Participación Ciudadana. Con todos los problemas que tiene, la norma avanzó enormemente en establecer la participación como un derecho de las personas. “El Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia”, dice textual la ley.
El individualismo de nuestra sociedad nos trajo hasta donde estamos. En octubre de 2019 vivimos el despertar de las chilenas y chilenos con marchas históricas, pidiendo más dignidad. Nos toca dar el segundo paso: acercarnos a nuestras autoridades locales y exigir el derecho de asociatividad y participación. Se puede desde participar como voluntario en una organización social de interés hasta acudir a organismos del Estado para conocer la situación de sus COSOC, y entre medio hay una infinidad de alternativas (como, por ejemplo, plasmar su opinión en el próximo plebiscito).
Esperemos que todo lo acontecido desde el 18-O hasta ahora sea un golpe suficiente para que la clase política se dé cuenta de que no podemos seguir como país sin un proyecto común ni participación ciudadana activa y efectiva. Los medios han comunicado la idea de que “los porfiados de siempre” son aquellas pocas personas que no cumplen con las reglas impuestas para superar la pandemia. Sin embargo, me parece que los “porfiados de siempre” son los políticos que intentan una y otra vez hacer las cosas de la misma forma, manteniendo todo como está sin entender que llegamos al borde del abismo. La cuenta de ahorro de la paciencia popular tiene límite.
